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AMIA/Atentado. Querellas requieren enjuiciar a procesados por la denuncia de Nisman

19.01.2018 15:00  |  Por Lic. Claudio Gustavo Goldman

Itongadol/AJN.- La querella de Luis Czyzewski y Mario Averbuch, padres de Paola y Yanina, dos de las 85 víctimas del atentado a la AMIA, requirió hoy, viernes, la elevación a juicio oral por traición a la patria, encubrimiento por favorecimiento personal de los imputados iraníes, agravado por el hecho precedente y por ser funcionarios públicos (varios de ellos), y estorbo de un acto funcional a través del inconstitucional Memorándum de Entendimiento de los ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y canciller Héctor Timerman y otra decena de personas, tras la denuncia presentada por el entonces titular de la Unidad Fiscal de Investigación de ese ataque terrorista, Alberto Nisman, cuatro días antes de su muerte, de la cual ayer se cumplieron tres años.

Cuatro de ellas están detenidas en los penales de Ezeiza y Marcos Paz: el ex secretario legal y técnico de la Presidencia Carlos Zannini, el polémico dirigente kirchnerista Luis D'Elia, el ex líder de la organización extremista Quebracho Fernando Esteche y el presunto nexo extraoficial con ese país Jorge “Yussuf” Khalil, mientras que en la misma situación deberían estar la anterior mandataria, protegida por sus fueros de senadora, y su ministro, excarcelado de su arresto domiciliario por razones extraordinarias y humanitarias a fin de ayudarlo -hasta ahora infructuosamente- a recuperar la visa que le retiraran los Estados Unidos y así posibilitarle continuar su tratamiento contra el cáncer, por el cual será operado en los próximos días.

Sin prisión preventiva están los ex vicecanciller Eduardo Zuain, secretario general de la Presidencia y luego titular de la Agencia Federal de Inteligencia Oscar Parrilli, procuradora general del Tesoro Angelina Abbona, y jefe de Gabinete y subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo de la “causa AMIA”, Juan Martín Mena, y el diputado Andrés Larroque.

Todos ellos “han ayudado a quienes con sus actos se han constituido en enemigos de la Nación Argentina” al haber "provocado lo que se denomina crimen de lesa humanidad, que así fue declarado por el Juez de la causa", y “han realizado -en exclusivo beneficio de la potencia extranjera cuyos funcionarios han participado en hechos de guerra producidos en territorio argentino- actos de ayuda que menoscaban objetivamente la independencia e integridad jurídica (y además ética y moral) del Estado argentino”, destacó el abogado de los querellantes, Juan José Ávila.

“Para ser considerado enemigo no hace falta una previa declaración de guerra”, consideraron los familiares, que añadieron que “si Irán quería cooperar con la investigación pero no admitía extraditar a sus nacionales y la Argentina no aceptaba la posibilidad de un juicio en ausencia, no era necesaria la firma de un tratado internacional para lograr la declaración de los imputados: para ello era suficiente, a modo de ejemplo, que declararan vía Skype”.

En tanto, en el escrito de 33 fojas se sostuvo que el memorándum fue el medio elegido "para instrumentar el plan delictivo" que el gobierno kirchnerista presentó "mediática y políticamente, luego de su firma y durante el trámite parlamentario, como la única herramienta útil, posible y necesaria para avanzar en el curso de la causa AMIA", cuando en realidad "solo procuró favorecer a los acusados iraníes en desmedro de la justicia, las víctimas y el castigo de los imputados, y la normalización de las relaciones" con el régimen al cual se le imputa "haber perpetrado dos actos de guerra (1992 y 1994) en nuestro país".

El mismo tuvo una “forma artera y subrepticia de elaboración y suscripción”, la cual “ha degradado y puesto en duda, frente a la potencia extranjera sindicada como agresora, a la que pertenecen los partícipes en los hechos -de manera subrepticia y por completo al margen de los procedimientos constitucionales y legales vigentes en la Nación Argentina-, facultades y prerrogativas que como Nación libre e independiente le corresponden para investigar y juzgar a los imputados en esos actos de agresión”, aseguró Ávila.

El inconstitucional pacto "lejos de producir un avance en la investigación del atentado contra la AMIA (razón ofrecida públicamente por los imputados para justificarlo) tenía como propósito: a) el levantamiento –y/o la afectación de su eficacia- de las alertas rojas de Interpol, mediante la presentación de la nota de la cláusula 7, y b) el cuestionamiento de la prueba obtenida y la imposición de hipótesis alternativas que desvincularían a Irán y sus funcionarios imputados, de la investigación del atentado contra la AMIA", agregó.

De este modo, los deudos insistieron con la acusación del titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11, Claudio Bonadio, pese a que el primero de los delitos, la traición a la patria, había sido preliminarmente desestimado por los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah, de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.

En cambo, la DAIA, primera responsable del desarchivo de la causa, requirió el miércoles la elevación a juicio de todos los procesados en línea con lo dispuesto por el tribunal de alzada.

Lo hizo su titular, Ariel Cohen Sabban, patrocinado por su vicepresidente 1°, Alberto Indij, y por Gabriel Camiser, quien encabeza la querella de la entidad, en conjunto con la AMIA, en otro juicio por encubrimiento, contra los investigadores del atentado y funcionarios menemistas, que está en etapa de alegatos y debería concluir en el curso de este año.

Ahora, el fiscal Eduardo Taiano tendrá seis días hábiles para expedirse en uno u otro sentido la semana próxima o a principios de la siguiente.

Una vez que lo haga, Bonadio, quien ya dispuso la clausura parcial de la causa, mientras continúa la investigación contra otras personas, les correrá vista a las defensas para que opinen en ese mismo plazo y seguramente después ordenará la elevación a juicio para el sorteo del tribunal oral que lo tendrá a su cargo, lo cual ocurrirá entre febrero y marzo.

Paralelamente, la defensa conjunta de Fernández de Kirchner y Timerman reclamó a la sala de feria de la Cámara Federal de Casación Penal que habilite el receso judicial para tratar su apelación al procesamiento, sobre lo cual deberán expedirse en estos días Eduardo Riggi y Ángela Ledesma, quienes si no se ponen de acuerdo deberán convocar a otro juez.
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